Licencia ambiental para estación de la Armada en Gorgona: el aval con advertencias científicas
El Ministerio de Defensa de Colombia logró obtener una licencia ambiental condicionada en 2015 para construir una estación de Guardacostas en la isla Gorgona, un área protegida de alta biodiversidad. A pesar de las advertencias del parque nacional sobre impactos ecológicos graves y la falta de estudios completos, el proyecto avanza con retrasos y controversias legales.
El Ministerio de Defensa de Colombia obtuvo en diciembre de 2015 una licencia ambiental para construir una estación de Guardacostas en la isla Gorgona, ubicada dentro del Parque Nacional Natural Gorgona. Este permiso fue otorgado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) bajo condiciones específicas que el Ministerio ha incumplido o retrasado significativamente, según revelan documentos oficiales y análisis científicos. La construcción de esta infraestructura, descrita por sus opositores como una base militar encubierta, ha generado un intenso debate sobre la soberanía nacional, la protección del medio ambiente y los procedimientos administrativos utilizados para viabilizar el proyecto en una zona de máxima protección ecológica.
La isla Gorgona, junto con la vecina Gorgonilla, conforma desde hace más de cuatro décadas un área natural protegida considerada uno de los ecosistemas mejor conservados del Pacífico colombiano. El parque alberga una biodiversidad única que incluye monos, aves, anfibios y reptiles, mientras que sus arrecifes coralinos sirven de refugio para tortugas marinas, tiburones y diversas especies de peces. Además, la zona es un sitio de especial importancia para las ballenas jorobadas, que visitan las aguas del parque entre mayo y noviembre para aparearse y dar a luz a sus crías.
Para la Armada Nacional, la estación propuesta en Gorgona es fundamental para aumentar su capacidad de reacción y salvaguardar la vida humana en el mar. La institución argumenta que la infraestructura será clave para combatir delitos ambientales y el narcotráfico en la región. Sin embargo, académicos, científicos y organizaciones ambientalistas han manifestado repetidamente sus preocupaciones sobre los impactos ambientales que la construcción y operación de la base tendrían en el área protegida. Entre las críticas se incluyen la entrega de estudios de impacto ambiental deficientes o incompletos por parte del Ministerio de Defensa, la falta de una consulta previa adecuada con las comunidades que tienen una conexión ancestral con la isla, y la omisión de análisis sobre especies endémicas y amenazadas.
Estos argumentos han sido presentados en diversos debates de control político, cartas dirigidas a altos funcionarios por parte de la comunidad científica, manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo Unidos por Gorgona y el Comité Salvemos Gorgona, e incluso a través de acciones legales de tutela. La controversia se ha intensificado en el contexto político reciente. Apenas una semana después de la toma de posesión del nuevo gobierno liderado por Abelardo de la Espriella, Colombia se unió formalmente al "Escudo de las Américas", una alianza multinacional liderada por Estados Unidos destinada a combatir carteles transnacionales de drogas y reducir la migración ilegal. Ese mismo día, el 12 de agosto de 2026, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el gobierno colombiano había autorizado a Washington a realizar operaciones militares conjuntas en suelo colombiano.
"Colombia ya solicitó al Departamento de Guerra que se sume a la lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", declaró Hegseth. El anuncio provocó rechazo por parte de la oposición, quien argumentó que las implicaciones para la soberanía nacional eran preocupantes y consideró la medida inconstitucional. Esta coyuntura política ha reavivado el debate en torno al proyecto de Gorgona, cuyo financiamiento inicial provino totalmente de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aunque la Armada Nacional afirmó a Mongabay Latam que, tras la polémica por el financiamiento estadounidense, el proyecto comenzó a ser sostenido con recursos nacionales, la institución no pudo proporcionar documentación que respaldara esta afirmación. Al solicitar los detalles de los desembolsos, fechas de ejecución y discriminación presupuestal, la Armada respondió que dicha información no reposa en su dependencia. Asimismo, aseguró no contar con un consolidado presupuestal que permitiera establecer el monto total de la financiación nacional del proyecto. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre su participación o interés financiero actual en relación con la isla Gorgona.
Desde que se otorgó la licencia ambiental en 2015, la construcción de la estación ha experimentado múltiples retrasos. Estos se deben a deficiencias en los estudios ambientales presentados, a las acciones legales y sociales emprendidas por la sociedad civil, a una decisión judicial que suspendió el proyecto durante aproximadamente ocho meses, a dificultades en el esquema de financiación y a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 entre 2019 y 2021.
Datos entregados por el Comando Guardacostas de la Armada indican que el muelle está avanzado en un 20 %. Sin embargo, el capitán de navío Carlos Eduardo Urbano, comandante del Comando de Alistamiento de Guardacostas, aclaró que este porcentaje corresponde únicamente a la disponibilidad de materiales para iniciar las obras, no a la construcción física. Esta afirmación fue confirmada por una visita de campo a la isla Gorgona, donde se constató que la construcción del muelle no había comenzado. Adicionalmente, la torre destinada a instalar un radar, ubicada en el punto más alto de la isla, presenta un avance del 70 %, mientras que la edificación principal de la estación de Guardacostas avanza apenas un 2 %.
Inicialmente, la Armada Nacional se negó a entregar evidencia fotográfica del avance del proyecto, argumentando que dicha información estaba sujeta a reserva legal por razones de defensa y seguridad nacional. Tras apelar esta negativa y presentar un recurso de insistencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la entidad entregar la información solicitada. En cumplimiento del fallo, la Armada envió un archivo PDF con fotografías que permitieron verificar el estatus real de las obras en lugares inaccesibles para la prensa y establecer un precedente sobre qué puede considerarse información reservada.
El proceso de obtención de la licencia ambiental ha sido objeto de escrutinio por parte de expertos. A principios de diciembre de 2015, semanas antes de que el Ministerio recibiera el permiso, la ANLA solicitó las observaciones de Parques Nacionales Naturales (PNN), la entidad estatal encargada del manejo del sistema de parques. Aunque la ANLA está obligada por decreto a solicitar esta valoración, no está forzada a considerar sus recomendaciones.
La ANLA consideró que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentaba todo el respaldo necesario para otorgar la licencia. Sin embargo, las conclusiones de PNN fueron divergentes. Aunque el parque nacional dio "viabilidad" al proyecto y lo consideró compatible con las necesidades de control y vigilancia, identificó graves vacíos que debían ser resueltos para garantizar que no se produjeran impactos significativos.
Según el EIA, la construcción no afectaría ecosistemas importantes. PNN refutó esta conclusión, señalando que "no se realizó una valoración ecológica de cada sitio". El parque destacó que el lugar propuesto para la base es el único donde se han encontrado tortugas terrestres de la especie Kinosternon leucostomum, comúnmente conocida como tapaculo debido a su caparazón con bisagra que le permite esconderse completamente. Aunque esta especie tiene amplia distribución continental, la población de Gorgona se considera una unidad evolutiva significativa por su aislamiento insular.
PNN también indicó que la literatura consultada por el Ministerio de Defensa era "lamentablemente baja" y que no se habían realizado estudios ecológicos rápidos para identificar la fauna en el área de influencia. A pesar de estas observaciones, la ANLA otorgó la licencia ambiental con la condición de que el Ministerio subsanara ciertos puntos antes de iniciar las obras.
Entre las condiciones estaba cambiar el sistema de abastecimiento de combustible, ya que PNN identificó impactos potenciales sobre el cangrejo terrestre, una especie endémica que no habita en ningún otro lugar del mundo. Esta obligación fue subsanada finalmente en 2025, diez años después de otorgada la licencia. También se exigió al Ministerio realizar nuevos estudios científicos detallados antes de construir.
Expertos argumentan que estas obligaciones debían haberse cumplido antes de la emisión de la licencia. La comunidad científica, enterada del proyecto casi un año después, criticó el procedimiento. Integrantes de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, junto con miembros del Comité Científico del PNN Gorgona, enviaron una carta en mayo de 2017 a la entonces directora de la ANLA, Claudia Victoria González. En ella, advirtieron que los estudios presentados eran deficientes: ignoraban mamíferos terrestres (de los cuales hay al menos 19 especies), no evaluaban el impacto del radar sobre las aves, y omitían información sobre el Atelopus elegans, un anfibio críticamente amenazado abundante en la zona del radar. Respecto a la flora, calificaron los estudios de "preocupantemente incompletos". Tampoco se mencionó a la ballena jorobada.
Para la Academia, otorgar una licencia condicionada sin todos los estudios necesarios establecía un "precedente peligroso y poco deseable". La ANLA defendió su decisión, asegurando que la licencia fue el resultado de evaluar información completa y veraz. Gonzalo Andrade, coordinador de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas de la Academia, puntualizó que la entidad no tenía una posición oficial sobre el proyecto.
Otra crítica recurrente es la falta de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), documento técnico crucial para encontrar la localización con menor impacto. Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Medio Ambiente del país, denunció en varias ocasiones esta omisión. Aunque el DAA no es obligatorio en todos los proyectos, Rodríguez argumentó que sí lo era en este caso porque el proyecto militar se encuentra dentro de un parque nacional, donde estas actividades están generalmente prohibidas por la Constitución Política de Colombia (artículo 63), que declara los parques nacionales inembargables, imprescriptibles e inalienables.
Miembros de la Academia también expresaron al expresidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016 que las obras contradecían las actividades permitidas en los parques nacionales y ejercerían "severos impactos ambientales". La ANLA respondió que la construcción no requería un DAA. El capitán Urbano afirmó que la Armada evaluó otras alternativas, pero no se entregó documentación que corroborara los lugares descartados.
Juan Armando Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes y experto en arrecifes, señaló que no se evaluaron opciones como estructuras flotantes para el muelle, lo cual habría reducido el anclaje. Antes de ser parque nacional, Gorgona fue una prisión de máxima seguridad durante 25 años. El Ministerio propuso construir el muelle en el antiguo muelle de la prisión, lugar que PNN advirtió contenía formaciones coralinas ecológicamente importantes y atractivo turístico, las cuales no habían sido caracterizadas.
Un año después de otorgada la licencia, un estudio realizado por la Armada Nacional, como condición previa a la construcción, confirmó las advertencias de PNN. El documento de abril de 2017 indicó que el arrecife del muelle y sus especies asociadas serían considerablemente afectados. Este estudio también debía evaluar la presencia de tortugas tapaculo en la antigua cancha de fútbol, propuesta inicialmente para la estación. La Armada comprobó que esa zona era un humedal y área de reproducción de tortugas terrestres y babillas, unidades evolutivas significativas. Perturbar el área representaba graves afectaciones.
Debido a la sensibilidad ecológica, la ANLA autorizó en diciembre de 2018 un "cambio menor" para reubicar la estación al sector El Poblado. En marzo de 2022 se modificó la licencia para reubicar el muelle. La Armada afirmó que este sector fue recomendado por el Comité Científico y PNN debido a la mayor intervención existente. Sin embargo, Laura Benítez, bióloga marina y vocera del Colectivo Unidos por Gorgona, negó que el grupo hiciera tal recomendación. Sánchez advirtió que se minimizaron impactos en fondos blandos y faltaron estudios de macrofauna y meiofauna.
El capitán Urbano confirmó que los planes de compensación marino y terrestre fueron presentados; el primero fue aceptado por la ANLA en septiembre de 2026. Gorgona, conocida como la "isla ciencia", alberga especies endémicas como el lagarto azul, migratorias como la ballena jorobada, y residentes como el delfín moteado. Fernando Zapata, profesor de la Universidad del Valle, explicó que los arrecifes de Gorgona, aunque pequeños comparados con los del Caribe, son extremadamente valiosos y vulnerables. La vulnerabilidad se acentúa por el amplio rango mareal, que expone los corales al aire y al riesgo de ser golpeados por lanchas. Sánchez también advierte sobre el riesgo acumulativo de goteo de combustible de las embarcaciones.
Miembros del Comité Científico del PNN Gorgona aseguraron que no fueron convocados ni consultados desde 2020, tras la salida de la jefa del parque María Ximena Zorrilla. Sánchez expresó que el comité se volvió "una piedra en el zapato". PNN respondió que la pandemia interrumpió los espacios de interacción, pero que actualmente se trabaja para reactivar el acompañamiento técnico-científico.
El Ministerio de Defensa trasladó las preguntas sobre la licitud del proceso a la Armada Nacional. La institución afirmó que las críticas a la suficiencia del EIA son "apreciaciones subjetivas" y que, si hubiera incumplimientos, la ANLA habría tomado otras decisiones. Aseguraron contar con los avales correspondientes de la ANLA y PNN.
T. MacDonald--SMC